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viernes, 18 octubre 2019 - documento de las 05:31:55
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La primera expedición Antártica y la base 'Juan Carlos I' Especiales

Antonio DE OYARZÁBAL

Embajador de España

Corría el año 1986. A la sazón yo ocupaba el puesto de director general de Cooperación Técnica Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirigía el ministro Fernández Ordóñez. El variado temario de mi Dirección—algunos años después desaparecida y troceada en otros organismos y departamentos— incluía las relaciones científicas internacionales, y entre éstas un tema que entonces sólo parecía suscitar el interés de unos pocos, aunque nota­bles expertos: la Antártida.

España había mantenido una actitud más bien distante ante la evolución de los avatares en aquel continente helado, y si bien habíamos suscrito el correspondiente Tratado Antártico, sólo alguna incursión privada y pesquera por las aguas aledañas había paseado el pabellón español por las cercanías de tierra firme.

Cierto es que, como señalaba, un puñado de muy ilustres científicos, agrupados en torno a la personalidad del doctor Ballester, mantenían vivo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el reto de la investigación antártica, y en su lucha por extender la atención pública sobre el tema habían logrado la creación de una Comisión Interministerial que, además del propio CSIC y del MAE, contaba, entre otros, con representantes de los institutos de Oceanografía, Meteorología y, por supuesto, de la Armada.

Casi por sorpresa, la lánguida vida de la Comisión tuvo de repente que enfrentarse a un reto que iba a suponer un “ser o no ser” importante para el futuro en nuestro país de esta especialidad de la investigación antártica: las puertas del llamado Consejo Antártico, auténtico organismo rector de los destinos del continente, amenazaban con cerrarse para siempre en una fecha próxima para todos aquellos países que no hubieran demostrado una actividad científica fehaciente en la propia Antártida.

En otras palabras, o España iniciaba de inmediato un programa científico de entidad en el territorio y en los mares en cuestión o en unos pocos mes es cualquier aspiración de pertenecer al órgano supremo del Tratado quedaría vedado para nosotros.

El tal Consejo había sido instituido años atrás para tratar de poner coto, por un lado, a las aspiraciones soberanistas y contrapuestas de los países vecinos y no tan vecinos —Argentina, Chile, Uruguay, Australia, etc. —, y por otro, a los descarados intentos de las grandes potencias — Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, etc. — de controlar militar, política y económicamen­te la inmensa plataforma del continente. Curiosamente, la iniciativa de crear el Consejo había tenido un considerable éxito, pues en poco tiempo había impuesto su autoridad ante tantas desmedidas y peligrosas aspiraciones enfrentadas de las potencias con intereses supuestos en la zona. El Consejo mantenía a raya estas reclamaciones de “irredentismos” nacionales, y a su vez controlaba las actividades científicas que se venían desarrollando por unos y por otros. Su nombre era de “Consejo Asesor” y sin embargo su autoridad de hecho iba mucho más allá que la mera asesoría y alcanzaba límites casi de órgano soberano y ejecutivo.

Base antártica española «Juan Carlos 1». (Foto: J. Roca).

Rápidamente nuestra Comisión Interministerial se lanzó a elaborar un ”Programa Científico Antártico”, modesto en sus medios pero suficiente a nuestro entender para franquearnos la entrada al Consejo. Una vez listo, nos tocó la tarea de “venderlo” en los respectivos departamentos interesados; un objetivo que pronto se reveló arduo e ingrato, pues apenas una cortés paciencia acogía las explicaciones que prodigábamos entre quienes tendrían que finalmente aprobar las acciones y los gastos —bien parcos por cierto— que nuestro programa entrañaba. La Antártida era por entonces, para la mayoría de los responsables políticos y científicos españoles, un vago y distante concepto donde “no se nos había perdido nada”.

En éstas, y como parte de nuestros esfuerzos para promocionar la candidatura española entre los países ya miembros del Consejo (y que serían por tanto quienes habrían de decidir en su día sobre nuestras pretensiones), tuvimos la idea de convocar en Madrid unas Jornadas Antárticas que reunieran a las grandes figuras científicas venidas de los más importantes foros internacionales interesados. Expertos norteamericanos, ingleses, chilenos… aceptaron encantados esta convocatoria de un par de días de reuniones que se celebrarían en la Escuela Diplomática de la Ciudad Universitaria.

Ante nuestra sorpresa, la invitación que por forma habíamos elevado a la Casa Real —más con ánimo de información que propiamente de participa­ción— fue respondida afirmativamente, y SS. MM. los Reyes anunciaron que presidirían el acto de apertura de nuestras Jornadas.

¡Allá fue Troya! De repente, la indiferencia generalizada que nos había acompañado se tornó en entusiásticos apoyos y hasta en urgencias para que de las palabras pasásemos a la acción y para que España no perdiera la oportunidad de ingresar en el famoso Consejo Antártico.

Superadas con éxito las Jornadas, nos lanzamos así con renovado entusias­mo a poner en práctica las distintas fases de nuestro programa. Era decisivo en éste sentido el establecimiento en tierra firme de una “base científica” que se mantuviera abierta al menos durante los meses del verano austral —de diciembre a febrero—, y que permaneciese después en condiciones de volver a ser utilizada en campañas posteriores.

Hechas las oportunas indagaciones, averiguamos que una empresa finlandesa proveedora de aquel ejército disponía de una especie de contenedores o cajones aptos para temperaturas polares y que, ensamblados, formarían los habitáculos donde podrían residir nuestros eventuales expedicionarios. Encargamos cuatro o cinco de estas unidades, y a otra empresa catalana se le solicitó otro par de unidades más sencillas para instalar los laboratorios. El coste total de todos estos habitáculos no superaba los 25 millones de pesetas, más o menos entonces el precio de un modesto chalé en la sierra madrileña.
Siguiendo los consejos del profesor Ballester y de su ínclita discípula Josefina Castellví, se localizó el punto geográfico donde asentar la base: una pequeña bahía de la península de Livingstone, no demasiado expuesta a los rigores extremos de aquellas latitudes y sin embargo científicamente llena de interesantes posibilidades de investigación.

El siguiente problema a resolver fue el del traslado de aquellos contenedores hasta el punto elegido y, sobre todo, el desembarco y asentamiento de los módulos en tierra firme. Allí tuvimos la suerte de contar inesperadamente con la colaboración del correspondiente organismo antártico de Polonia, con el que nuestro CSIC mantenía una relación cordial por encima de las diferencias políticas del momento (se trataba naturalmente de la Polonia comunista y de nuestro régimen franquista). Aquellos bravos científicos polacos disponían de un gran buque polar de estilo ruso-soviético y de unos vehículos-plataforma anfibios con orugas capaces de trasladar a tierra nuestros módulos e instalar­los en el lugar escogido. Sin embargo, en lo que ya eran los momentos decadentes de los antiguos esplendores científicos de los países del Este Europeo, nuestros amigos polacos carecían de presupuesto para pagar el combustible que les permitiera siquiera hacer la travesía hasta la Antártida, con lo que llegamos al acuerdo de facilitarles el fuel necesario a cambio del transporte de todo el material de nuestra base.

El buque polaco, en efecto, hizo primero escala en Helsinki, recogió los contenedores finlandeses y se dirigió a Vigo, donde tendría que embarcar todo el equipamiento de laboratorios, menaje, muebles y, sobre todo, vestuario de los científicos que el CSIC había ya seleccionado para permanecer el par de meses previsto (entre éstos figuraba, con todo merecimiento, la doctora Castellví, lo cual nos llevaba a disponer de facilidades dentro de la base mínimamente adaptadas a esta presencia femenina).

La urgencia con que nos veíamos obligados a actuar nos planteó otro difícil reto de carácter administrativo: había que adquirir —y pagar— todo ese equipamiento personal y ese amueblamiento a tiempo de embarcarlo en las pocas horas de la escala del buque polaco en Vigo, lo cual parecía misión imposible a tenor de los complejos y prolongados trámites de las leyes de contratación del Estado, que exigen concursos, múltiples ofertas, etc. Tuvimos así que recurrir a un “desvío”, no excesivamente irregular, que consistió en apelar a mi amistad con uno de los altos directivos de El Corte Inglés para que nos proveyese de lo necesario con pago aplazado hasta que lográsemos sortear esos vericuetos administrativos que encarnaba el ojo siempre vigilante de la Intervención General del Ministerio.

Por supuesto que, como siempre, la apelación a El Corte Inglés resultó decisiva. Allí había todo lo necesario para equipar la expedición y sin problema para pagarlo cuando pudiésemos. Sólo surgió un escollo, digamos de carácter personal para mí: este buen amigo, que nos abría las puertas del gran departamento comercial sin restricciones, necesitaba para sus trámites inter­nos una referencia o aval, que sugería fuese mi propia tarjeta personalizada, esa milagrosa “tarjeta de El Corte Inglés” que ampara los suministros diarios familiares. Por mucho que fueran las explicaciones tranquilizadoras que ofrecía mi amigo, la perspectiva de cargar teóricamente la tarjeta con los varios millones de pesetas de todo el equipamiento que necesitaba nuestra expedición antártica resultaba francamente preocupante para la magra economía de un funcionario del Estado destinado en Madrid. Pero no había otro remedio, así que allá se fue a la Antártida toda la dotación de la futura base con cargo a mi tarjeta personal de El Corte Inglés (al final tuvimos que recurrir a transferir desde mi dirección al CSIC los fondos en base a un acuerdo de colaboración ya establecido, y fue el Consejo quien abonó la deuda a El Corte Inglés. Y yo descansé).

El BIO Las Palmas frente a la Base «Juan Carlos 1».

Aún tuvimos que solucionar otro problema de última hora con el buque polaco, ya en Vigo cargando nuestros avituallamientos: el jefe de la Aduana del puerto no autorizaba el embarque de las indispensables botellas de gas butano sin la correspondiente tramitación previa. Llamadas de madrugada aquí y allá, recurso a la siempre oportuna amistad o relación personal, y finalmente el arreglo “por esta vez” que permitía al buque zarpar con todo nuestro equipamiento camino de la Antártida (otra escala en Montevideo sirvió para adquirir abundantes provisiones alimentarias como carne y verduras).

Mientras el barco navegaba por el Atlántico completábamos en Madrid otras gestiones necesarias, entre ellas dos significativas: el nombre que queríamos dar a la base y el sistema de comunicaciones, tanto radiográficas como postales. Respecto al primero, nos parecía de estricta justicia que la base ostentara el nombre de “Juan Carlos I”, aunque sólo fuera por el papel decisivo que nuestro monarca había desempeñado al aceptar en un momento clave aquella invitación para asistir a las Jornadas Antárticas de Madrid. Tras la correspondiente solicitud a la Casa Real, nos fue concedido oficialmente el título pedido. La segunda cuestión comprendía, no sólo la frecuencia para establecer contacto radiofónico con los expedicionarios, sino el funcionamiento en la base de una estafeta de correos con matasellos incluido, lo cual era de gran valor para los coleccionistas filatélicos. También nos fueron otorgadas ambas solicitudes sin gran dificultad.

Izado de bandera en la Base Gabriel de Castilla. (Foto: J. Roca).

En cualquier caso, la decisión de lanzar esta primera expedición antártica con su decena de participantes entrañaba indudables riesgos a pesar de nuestros cuidadosos preparativos. La falta de experiencia, y sobre todo la urgencia con que habíamos tenido que actuar, se sumaba a la extrema lejanía y a las durísimas condiciones físicas de aquellas tierras. Por eso, el ofrecimiento de la Armada de acompañar la misión científica con un grupo de oficiales e investigadores propios que se mantuvieran embarcados en las aguas próximas no sólo nos daba una garantía de apoyo y cobertura extremadamente bienvenida, sino que ampliaba el programa investigador en tierra con otra serie de experiencias científicas en las aguas circundantes.

El entusiasmo por todo reto de esta naturaleza que caracterizaba al entonces capitán de navío Catalán, director del Observatorio de San Fernando, sirvió de inmediato catalizador para reunir un puñado de voluntarios que formarían esta expedición paralela a la que habíamos organizado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Aquí el problema surgió a la hora de encontrar un buque que sirviera para el propósito de permanecer casi tres meses en la Antártida con nuestros marinos a bordo. Era impensable considerar un barco español pues, al margen de la distancia, carecíamos entonces de buques científicos de “capacidad polar”. Por ello buscamos con ahínco alguna embarcación de los países vecinos del Cono Sur americano. Sólo pudimos encontrar un viejo y pequeño barco chileno, un auténtico “cascarón de nuez”, de nombre Río Baker, que nos apresuramos afletar y que, a pesar de momentos muy comprometidos, sirvió su cometido en los meses convenidos. Al año siguiente, con más tiempo y medios, la Armada dispuso como “buque de apoyo y acompañamiento” el remolcador Las Palmas, al que se acopló un módulo-laboratorio en cubierta; fue un utilísimo instrumento de trabajo de las sucesivas misiones de la base “Juan Carlos I”, hasta que fue relevado años después por el flamante Hespérides, que aún constituye el buque insignia de nuestras anuales expediciones antárticas.

Aquella primera misión científica mixta, civil y de la Armada, se cerró con un notable éxito. Todos los participantes regresaron sanos y salvos de la aventura. Los logros científicos fueron notorios; se iniciaron trabajos que luego se ampliarían y completarían en las campañas siguientes, en una base que, año tras año, ha ido añadiendo nuevos módulos y más facilidades a las parcas instalaciones primitivas (el Ejército, por su parte, también instaló después la base “Gabriel de Castilla” en las cercanías, desde donde desarrolla toda serie de experimentos interesantes).

Y España logró presentar a tiempo un expediente y unos resultados científicos que merecieron la aprobación plenamente satisfactoria de los demás miembros del Consejo Antártico. Fuimos así aceptados, junto con Suecia, en la sesión plenaria de París, y los aplausos de todos los presentes rubricaron los esfuerzos y la carrera contra reloj que habíamos protagonizado desde meses antes.

Hoy, la presencia habitual de España en la Antártida, nuestra Base “Juan Carlos I”, los buques de investigación oceanográfica Las Palmas y Hespérides, los oficiales de la Base “Gabriel de Castilla” y los múltiples trabajos que un número creciente de investigadores españoles publica regularmente en revistas nacionales y extranjeras dan buena fe del camino recorrido y del éxito alcanzado.

Sólo me cabe concluir con mi agradecimiento, una vez más, a cuantos desde todos los organismos implicados me acompañaron en la aventura. Mi temor a dejar alguno en el olvido me aconseja no intentar reproducir aquí sus nombres, pero a todos tengo bien presentes en el recuerdo.

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