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viernes, 19 enero 2018 - documento de las 08:09:03
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Seguridad Marítima Especiales

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Relevancia actual de la Seguridad Marítima.

Durante los últimos años se ha producido un preocupante aumento, a nivel mundial, de cierto tipo de actividades ilícitas y criminales en o desde la mar, tales como los movimientos del terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, #enc_02_enlace2#, el tráfico ilícito de drogas, la inmigración ilegal, etc., que suponen una clara amenaza para la seguridad y la estabilidad de la comunidad internacional. Estas actividades suelen enmascararse en tráficos legítimos y concentrarse en áreas focales de tráfico marítimo o en aguas que separan zonas de alto contraste socioeconómico. También se detectan con creciente asiduidad en alta mar aprovechando cierto vacío de la presencia naval tras el desplazamiento preferente de las operaciones navales hacia el litoral. Existen igualmente otros espacios marítimos que son origen frecuente de actividades ilícitas por estar deficientemente controlados por los correspondientes estados ribereños. Estos espacios, que se vienen denominando “mares fallidos”, se sitúan actualmente en zonas geográficas alejadas de España, pero su efecto pernicioso puede afectar, de manera directa o indirecta, a intereses nacionales y a la seguridad de nuestros ciudadanos. Por otro lado, si la amenaza terrorista llegara a materializarse sobre grandes buques petroleros, buques gaseros o contra terminales e instalaciones petrolíferas, afectaría gravemente a los flujos energéticos, por lo que la misión tradicional de las marinas de guerra de protección de las líneas de comunicación marítimas renueva ahora su importancia.

La realidad es que si estas amenazas han encontrado en el entorno marítimo un importante campo de desarrollo, es debido, no sólo a que es mucho más fácil enmascararlas en la mar que en tierra sino, en especial, a la concepción que, secularmente, las naciones han tenido de la mar, como espacio de libertad, empeñando sus marinas en garantizar la libre navegación y el comercio y creando un marco jurídico y normativo tolerante que de alguna manera limita la capacidad de actuación por parte de los estados sobre dicho entorno. Esta realidad, percibida en mayor o menor medida por otros países, ha sido el origen de un creciente número de iniciativas, nacionales e internacionales, que han impulsado la aparición de un nuevo concepto de seguridad: la Seguridad Marítima.

La Seguridad Marítima, en su noción más amplia trata de hacer compatible la libertad de navegación con la seguridad en la mar para imponer el respeto a la Ley, proteger a los ciudadanos y salvaguardar los intereses nacionales e internacionales. Es decir, la Seguridad Marítima es un asunto “global”, lo que implica la coordinación de todos los esfuerzos y actividades civiles y militares de cada nación y los de cada nación con los del resto de la comunidad internacional, tanto para prevenir y combatir las nuevas amenazas en el entorno marítimo como para desarrollar rutinariamente y con la debida eficacia otras actividades, como la vigilancia de pesca, el salvamento y rescate o la lucha contra la contaminación marina, que a pesar de no tener implicaciones directas en la seguridad y la defensa, en numerosas ocasiones pueden estar ligadas indirectamente a ellas. La Seguridad Marítima persigue el doble objetivo de evitar, por un lado, el efecto sobre el territorio de las nuevas amenazas proyectadas desde la mar, y por otro el de garantizar el libre ejercicio de las actividades lícitas de índole marítima, que tanto influyen en el sostenimiento de la economía mundial.

Por su especial situación geoestratégica a la vanguardia europea respecto de algunas de estas nuevas amenazas, por la importancia económica del sector marítimo para la nación y por la magnitud de sus espacios marítimos de soberanía e interés, España está obligada a entender y abordar el problema, dotarse de las capacidades necesarias para acometerlo y establecer una política de Seguridad Marítima adecuada a sus intereses. La definición de esta política y la determinación de estas capacidades será, idealmente, resultado de la convergencia de las acciones particulares de todos los organismos con competencias e intereses comunes en el entorno marítimo, ya sean estos privados o públicos, incluyendo en estos últimos a los militares.

Dado que el escenario descrito es relativamente novedoso, la ordenación dentro de la Administración del Estado de los organismos que tienen cometidos específicos relacionados con la Seguridad Marítima es todavía incipiente y en algunos casos, imprecisa, pero poco a poco la propia necesidad ha ido propiciando un aumento de la interacción entre todos ellos. En el plano internacional se observa una tendencia espontánea a conformar un entramado en el que organizaciones como la ONU, la OMI, la Unión Europea o la OTAN, apoyándose en la existencia de intereses comunes, coordinen e impulsen la aplicación por parte de los estados de los principales mecanismos de Seguridad Marítima disponibles. Tal es el caso de los nuevos convenios internacionales desarrollados para generalizar el uso de sistemas automáticos de identificación y para ejercer el control de los buques mercantes y los movimientos portuarios, así como, en general, para mejorar las medidas de policía marítima en puertos y aguas territoriales, y la vigilancia marítima por parte de las fuerzas navales.

A medio y largo plazo, tanto la OTAN como la UE están desarrollando nuevas políticas marítimas con el objetivo de conseguir una mayor integración entre las actividades de los diferentes Estados miembro.

Es importante destacar la importancia de foros informales como el CHENS (Chiefs of European Navies), en el que participan todas las marinas europeas y la norteamericana, que mediante el desarrollo y difusión de documentos conceptuales sobre Seguridad Marítima, está tratando de proporcionar coherencia al resto de las iniciativas internacionales para evitar que se desarrollen de una manera compartimentada y poco cohesionada. Las marinas de guerra, cualquiera que sea su papel de acuerdo con la legislación interna de sus respectivos países, deben estar en disposición de ofrecer su experiencia y medios en beneficio de la Seguridad Marítima. Además, sin descuidar el control o dominio del mar que tradicionalmente han enfocado a objetivos militares, están llamadas a prestar mayor atención al conocimiento y control de los tráficos comerciales y de las actividades civiles en la mar y, en general, a mejorar su capacidad de colaboración con el resto de autoridades con competencias en el entorno marítimo.

En el caso de España, la Armada ha desempeñado históricamente misiones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía y de interés, contribuyendo a la Acción del Estado en la Mar y adquiriendo con todo ello una visión central, fundamental para la Seguridad Marítima española. La Armada, por su implicación permanente en estas actividades, por las capacidades exclusivas que aporta, inherentes a su Fuerza Naval como depositaria de las competencias jurídicas que la legislación marítima internacional atribuye a los buques de guerra y por ser elemento indispensable en la protección de los intereses nacionales en el ámbito marítimo, ha elaborado un concepto que sustenta doctrinalmente su aportación a la Seguridad Marítima de España. Con ello, la Armada no pretende asumir su liderazgo ni desempeñar otro papel que el que le corresponde conforme a la legislación vigente, en concreto, la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se regula la Estructura Operativa de las Fueras Armadas.



Papel de la Armada en la vigilancia y Seguridad Marítima

La vigilancia y seguridad de los espacios marítimos es una misión militar encomendada a las Fuerzas Armadas con carácter permanente en tiempo de paz por la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa nacional y el Real Decreto 787 de 2007 de Estructura Operativa de las Fuerzas Armadas. De esta misión se derivan las actividades y operaciones de vigilancia y Seguridad Marítimas llevadas a cabo por la Armada en los espacios marítimos nacionales (de soberanía y jurisdicción o sobre los que se ejercen derechos soberanos), la alta mar y otros espacios de interés, con idea de continuidad en el tiempo y en condiciones de plena normalidad y ausencia de crisis. Cuando estas actividades de vigilancia y Seguridad Marítimas requieren el empleo medios conjuntos o necesitan dirección estratégica son planeadas y conducidas por la Estructura de Mando Operativo de las Fuerzas Armadas a través del Mando de Operaciones (CMOPS). En el resto de los casos el planeamiento y conducción de las operaciones de vigilancia y Seguridad Marítimas corresponde al Jefe de Estado Mayor de la Armada que lo realiza a través de la estructura orgánica de la Armada.

Además de sus actividades puramente militares la Armada colabora, complementaria o subsidiariamente, con los organismos de la Administración Civil del Estado con responsabilidades en otras facetas de la seguridad en la mar, directa o indirectamente relacionadas con la seguridad de los espacios marítimos, como son: el control del tráfico marítimo, la seguridad en la navegación, la seguridad de la vida humana en la mar, la búsqueda y rescate de náufragos, la seguridad de los recursos vivos, del suelo y subsuelo, del patrimonio arqueológico y del medioambiente, el control de la inmigración, la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales etc.

La visión de la Armada sobre la vigilancia y Seguridad Marítimas está recogida en el Concepto de Seguridad Marítima de la Armada, que fue publicado por primera vez en el verano de 2007 y revisado en junio de 2008. En él la Armada define la Seguridad Marítima, de manera similar a las organizaciones y foros internacionales en los que participa, como “Una actividad cívico-militar de prevención de riesgos y de lucha contra amenazas en el entorno marítimo, en permanente colaboración con la comunidad internacional, basada en el conocimiento del entorno marítimo y en la coordinación eficaz de todos los actores con capacidad de intervención, de acuerdo con las responsabilidades y competencias que legalmente tienen asignadas”.



El conocimiento del entorno marítimo

La vigilancia de los espacios marítimos efectuada por la Armada es una vigilancia integral, y está orientada a la detección tanto de riesgos y amenazas contra la seguridad nacional (amenaza convencional) como de aquellos que ponen en peligro la Seguridad Marítima (terrorismo, piratería, tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, y otras actividades perseguibles por las autoridades españolas en función de tratados o convenios internacionales como la proliferación de armas de destrucción masiva, y las actividades ilícitas perseguibles como delitos extraterritoriales competencia de los Órganos Jurisdiccionales españoles en virtud del Artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las vigilancia de los espacios marítimos desarrollada por la Armada con idea de normalidad y continuidad en el tiempo está orientada a la consecución del más alto grado posible de Conocimiento del Entorno Marítimo (entendido como el espacio físico formado por los océanos, mares, zonas costeras y puertos, y el espacio conceptual determinado por las actividades que tienen lugar en él). Para alcanzar este Conocimiento resulta necesario el intercambio de información con otros organismos o instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, que disponen de medios de obtención de datos acerca del Entorno Marítimo. La Comisión de la Unión Europea, por ejemplo, considera que la integración de la información disponible en los diferentes sectores de actividad en un “sistema de sistemas” o “federación de redes” es clave para el progreso hacia una Política Marítima Integrada de la Unión, entendida como armonización de las normativas aplicables a los diferentes sectores que desarrollan su actividad en la mar con el fin de permitir un mejor control de las actividades. Por este motivo la Armada está intensificando sus esfuerzos de integración en redes de vigilancia marítima e intercambio de información tanto militares como civiles a nivel nacional e internacional, y especialmente a nivel europeo.

Entre estas iniciativas cabe destacar la Red de Centros de Vigilancia Marítima de la Agencia Europea de Defensa (MARSUR Network de la EDA) y el proyecto piloto de la Comisión Europea para la integración de los sistemas de vigilancia marítima del Mediterráneo y sus aproximaciones atlánticas (Proyecto BLUEMASSMED).

Las Fuerzas Armadas españolas, dentro del proceso de transformación que dirige el JEMAD, participan en iniciativas multinacionales con el fin de dar solución a problemas militares de la actualidad, y entre ellos la obtención del conocimiento del entorno marítimo. En el Experimento Multinacional Número 6, liderado por el USJFC de los Estados Unidos, en el que España participa junto con otros 20 países, plantea al intentar obtener el “conocimiento del entorno marítimo” en un teatro de operaciones lejano donde las capacidades propias de la zona son muy limitadas o no existen.

La Armada, a través del Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM), actúa como centro generador del Conocimiento del Entorno Marítimo de las Fuerzas Armadas en beneficio de la Seguridad Marítima nacional, y se integra en las redes de intercambio de información de vigilancia marítima civiles y militares nacionales e internacionales.



Las operaciones de Seguridad Marítima

La Armada participa en operaciones de interdicción contra los riesgos y amenazas a la Seguridad Marítima (terrorismo, piratería, tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de sustancias estupefacientes, proliferación de armas de destrucción masiva y otras actividades perseguibles en función de tratados o convenios internacionales), tanto con carácter nacional como en virtud de acuerdos internacionales (bi o multilaterales) o integradas en organizaciones o coaliciones de seguridad y defensa de las que España forma parte. En la actualidad buques o unidades de la Armada participan en las siguientes operaciones:

ACTIVE ENDEAVOUR de la OTAN, que fue lanzada en el año 2001 inmediatamente después de los atentados terroristas del 11-S como una de las ocho medidas en apoyo de los Estados Unidos, después de la invocación por primera vez en la Historia de la cláusula de Defensa Colectiva recogida en el Artículo 5 del Tratado. El objeto de la Operación es demostrar la solidaridad de la OTAN y su resolución en la lucha contra el terrorismo, ayudando a detectar y neutralizar la actividad terrorista en el Mediterráneo. Su misión se ha ido adaptando a la evolución del escenario siendo hoy un elemento efectivo en la lucha contra el terrorismo internacional y la proliferación, que ayuda de manera efectiva al control del tráfico y a preservar la libertad de navegación. Las unidades en la mar actúan bajo resolución de NN.UU controlando los tráficos para evitar los que son ilícitos. Este control y la presencia de los barcos disuaden del empleo ilícito de la libertad de navegación.

ATALANTA iniciada en diciembre de 2008, cuando la UE adoptó la decisión de lanzar su primera operación marítima en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa, para contribuir a la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería en las costas de Somalia. Los buques actúan bajo las Resoluciones del NN.UU. 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008) y 1846 (2008), 1851(2008) y 1853 (2008) así como para dar protección a los buques del WFP (Programa Mundial de Alimentos), proteger el tráfico marítimo y otros intereses en aquellas aguas. Afecta a la libertad de navegación, control de tráfico marítimo de flujos energéticos amenazados por la piratería.

NOBLE CENTINELA. Esta operación conjunta que se desarrolla en aguas de Canarias, se inició el 16 de mayo de 2006 como respuesta a las avalanchas de inmigración ilegal que se recibían en estas costas. Para llevar a cabo esta operación, se ha desarrollado un dispositivo aeronaval que tiene por objeto, la localización de embarcaciones y buques implicados en esta actividad ilegal. En esta operación participan patrulleros de la Armada, aviones del Ejército del Aire y remolcadores de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).

CAMPAÑAS NAFO y NEAFC: La Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) se creó el 1 de enero de 1979 en el marco de la Convención sobre la Futura Cooperación Multilateral en las Pesquerías del Atlántico Noroeste. Su principal objetivo es contribuir a la utilización óptima, la gestión racional y la conservación de los recursos pesqueros en el noroeste del Océano Atlántico.
Entre los estados signatarios, o partes contratantes, del Convenio figura la Unión Europea, que agrupa a todos los países comunitarios que pescan en NAFO. España, el país con más pesqueros en el área del convenio, se encarga de las labores de inspección. Aquí es donde se encuadran los buques de la Armada clase ‘’Chilreu’’, que además de realizar labores de Inspección, llevan a cabo Vigilancia y Apoyo en el área de regulación NAFO.
Se puede afirmar que la misión se hace bajo pabellón de la Unión Europea, que es organismo al que se rinde cuentas diariamente por parte del inspector embarcado.
Por otro lado, la Convención de Pesquerías del Atlántico Nordeste (North East Atlantic Fisheries Convention, NEAFC), es la heredera actual de la primera Convención del Atlántico Este fundada a principios de 1959. La Convención establece un programa de control e inspección encaminado a promover el cumplimiento de las medidas de conservación de los recursos pesqueros. Todos los buques de las Partes Contratantes y de las Colaboradoras-No Contratantes deben cumplir con lo previsto en el Esquema de Control así como en las Recomendaciones que aprueba la NEAFC. Por ello España, como Estado Miembro de una Parte Contratante, la Unión Europea, envía anualmente medios de inspección al Área de Regulación NEAFC. En el marco de este compromiso es donde participa la Armada Española, poniendo a disposición de la Unión Europea un buque comunitario de inspección de la Clase “CHILREU”.

Cuando las operaciones de Seguridad Marítima se efectúan en apoyo a una Autoridad Jurisdiccional competente para conocer delitos de carácter extraterritorial las unidades de la Armada incorporan agentes de la autoridad, en virtud de los acuerdos de Colaboración interministeriales suscritos entre el Ministerio de Defensa y los Ministerios responsables.

Dentro del mar territorial las operaciones de interdicción se limitan normalmente a la contribución complementaria o subsidiaria a la Acción del Estado en virtud de acuerdos suscritos entre el ministerio de Defensa con los departamentos responsables, o a aquellos casos de delito flagrante que requieran actuación como autoridad del Estado.

Cuando estas operaciones de interdicción se desarrollan fuera del mar territorial los buques de guerra y aeronaves militares actúan en ejercicio las potestades reconocidas en el Artículo 110 de la Convención de Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar (“Derecho de Visita”), así como de otros acuerdos y convenciones y normas de derecho internacional que resultan de aplicación.

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